Un contratista de albañiles que vive en una calle de ripio, un empresario que cobró sorprendentes anticipos por la obra en la Facultad de Derecho y tres constructores que hicieron una especie de “hotel boutique” en las casas de la Universidad Nacional de Tucumán en San Javier. Son tres detalles llamativos en los trabajos que se hicieron entre 2006 y 2009 en la UNT con fondos de regalías mineras, que llevaron a una investigación y un pedido de juicio oral por presuntas irregularidades contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y tres de sus ex funcionarios y un procesamiento sin prisión preventiva y embargo contra 20 empresarios, dictado por el juez federal Fernando Poviña en abril pasado.

Los empresarios acusados por los hechos de hace unos 13 años han apelado los procesamientos y ahora dependen de la Cámara Federal de Apelaciones.

Todo comenzó con la llegada de las regalías mineras. La UNT es socia con la provincia de Catamarca y la Nación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), debido que el descubridor del yacimiento, Abel Peirano, legó sus derechos a la Universidad. Desde 1958 se estableció, por la ley 14.771, que el 40% de las regalías debe estar destinado a la terminación de la Ciudad Universitaria y cuando esta esté concluida se debe repartir el 50% de ese 40% a las otras universidades del país y el otro 50% queda de libre disponibilidad. Cerisola ordenó que se haga un plan de obras, con tres resoluciones cambió la forma de realizar los trabajos y el 2 de enero de 2008 firmó con el directorio de YMAD un acta por la que se declaraba terminada la Ciudad Universitaria.

Un año después fue denunciado por presunta administración fraudulenta y otros delitos por el manejo de $ 353 millones (unos 85,5 millones de dólares de entonces) en los trabajos. La causa fue enviada a juicio oral en 2018. Paralelamente, la Cámara Federal ordenó en 2016 que se investigue también a los empresarios para saber si en la ejecución de las obras “se produjeron anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa, como así también cualquier circunstancia o hecho delictual que acredite un detrimento al erario de la Casa de Altos Estudios”.

El juez Poviña procesó por presuntos sobreprecios a Ezequiel Pablo Movsovich, de la empresa Betón de Salta, a Alejandro, Gerardo y Héctor Preatonio, de la empresa Mitsuito, y a Juan Vicente Guzmán, de la empresa Obritec, que quebró en 2011 (ver notas aparte). También procesó a Marcelo Boero (empresa Boero); Pedro Varela Ottonello y Juan Manuel Peña (empresa Antocorrosiva del Norte), Juan Carlos Aranda y Nora del Valle Zóttola (empresa Rondeau); Ricardo y Ruth Fernández (empresa Con-fer); Manuel y Roberto Galindo (empresa Camaro); Javier Martínez Riera y Oscar Prado (empresa Pramarco); Horacio y Fernando Gordillo (empresa Gordillo) y Jorge Zeballos y Máximo Mellace (empresa Barcal). Hubo otras cuatro personas acusadas a las cuales luego la Justicia les dictó falta de mérito, si bien quedaron sujetas a investigación posterior.

Facultad de Derecho: anticipos por fuera de los pliegos

A Ezequiel Pablo Movsovich, domiciliado en calle Molinos 57, en el country Barrio El Tipal, ciudad de Salta, se le imputó, en su calidad de responsable de la empresa Betón, que tiene su casa central en la ciudad de de Salta: “haber presuntamente percibido sobreprecios en la realización de las obras Nº 545, 465 y 533.

La primera era el trabajo en la “Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, laboratorio de instrumentación industrial”, comenzado el 12 de enero de 2009 por un plazo de 150 días. Le imputan haber cobrado $ 4.689.740 y según Gendarmería el valor era $1.593.523.12.

La segunda obra, la N° 465, era “Facultad de Filosofía y Letras - Complejo de Aulas”, comenzada el 4 de agosto de 2008 por un plazo de 180 días. Lo acusan de haber cobrado $9.331.197,14 y según Gendarmería, valía $3.348.313,69.

Asimismo, en la obra N° 533 “Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, a Justicia estimó que, a diferencia de las otras obras investigadas en la presente causa, “el sobreprecio imputado a Movsovich surge de operaciones que no estaban previstas en la contratación original, como ser anticipos financieros, pago del alquiler de un terreno y trabajos adicionales”.

Se lo acusó de “haber cobrado anticipos financieros por $6.154.603,82 los cuales no estaban previstos en el pliego de bases y condiciones. Haber solicitado que se le reconocieran en el marco de la misma obra, mayores costos los cuales comprendían, por una parte el alquiler de un terreno, por un valor de $ 298.042,16, en el período correspondiente a enero de 2010 a septiembre de 2011, siendo el monto reconocido superior al reclamado y sin tener respaldo documental; por otra parte se reconoció $ 4.449.726,28, los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada, resultando un 62% más del monto originalmente reclamado. Finalmente, en la misma obra, el haber cobrado por trabajos adicionales la suma de $ 3.598.834,12, habiéndose otorgado un anticipo financiero de $ 1.805.862,81, los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada”.

En su defensa dijo que en la obra 545 se agregaron 13 ítems más la ampliación de superficie construida. En lo que respecta a la obra 533, expresó que “el haber cobrado anticipos financieros no configura un ilícito reprochable penalmente”. Dijo que, si bien es cierto que el anticipo debería haberse encontrado previsto en el pliego, eso no es su responsabilidad.

“Por otro lado, en lo que al cobro de mayores costos se refiere, indicó que el mismo no se encontraba contemplado en el pliego de bases y condiciones, pero que ante la imposibilidad de comenzar la obra dado que hubo una entrega parcial de la misma (tardía), se ideó una solución para ello, la cual consistía en el alquiler de un inmueble lindero para comenzar los trabajos”. Eso habría sido la justificación para el alquiler de una cochera por calle Laprida al 400, detrás de la Facultad de Derecho.

El juez Poviña lo procesó sin prisión preventiva y trabó embargo sobre sus bienes por $ 18 millones.

La lujosa casa 8 de San Javier: se pagó más del doble del valor

Los dueños de la empresa Mitsuito, Alejandro Martín Preatonio (domiciliado en calle Ángel Carranza Nº 2.160, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Gerardo Héctor Preatonio (domiciliado en calle Mitre nº 45, centro, Frías, Choya, provincia de Santiago del Estero) y su padre Héctor Fidel Preatonio (domiciliado en la calle Ángel J. Carranza N° 2.160, CABA) se ocuparon de la remodelación de la llamada casa 8 en San Javier, que es la entrada al complejo residencial de la UNT en el lugar donde comienza la bajada hacia La Sala. La casa 8 tiene varias habitaciones, sala de juegos, un bar, un quincho, un patio cervecero y una sala tipo conferencias. Los acusan de haber cobrado $ 8.132.891,23, por la ejecución de la obra N° 519 “Remodelación y Refuncionalización Casa N° 8 San Javier”, mientras que el valor real del trabajo con todas sus modificaciones, según Gendarmería, fue de $ 3.051.644,99.

Gerardo Preatonio dijo que no estaba a cargo de la actividad de construcción en la empresa, sino de la “venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina y otros”; que no vivió en Tucumán ni trabajó con la UNT y que en 2012 formó otra empresa, JJMG SRL. “Que por arrastrar saldo financiero y económico, se presenta en convocatoria de acreedores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Su hermano Alejandro dijo que “lo único que hacía en la empresa, siempre que no se encontrara su padre presente, era realizar compras de materiales de construcción necesarios para la actividad de la empresa”. El padre, Héctor, dijo que él manejaba las obras de movimiento de suelos, y que sus hijos no tomaban decisiones sustanciales. Criticó el informe de Gendarmería, al mencionar que no tuvo en cuenta que la obra se realizó en los cerros tucumanos.

Los tres fueron procesados si prisión preventiva y se les trabó embargo por $ 10 millones a cada uno.

Constructor de Las Talitas: hizo una obra de unos U$S 3,6 millones y su empresa quebró

El caso de Juan Vicente Guzmán, que tuvo a su cargo la obra “Facultad de Agronomía y Zootecnia - Remodelación de laboratorios para Certificación Pricalab”, la cual tuvo inicio en fecha 3 de noviembre de 2008, por un plazo de 180 días, es llamativo por las cicunstancias que quedaron expuestas en 2019, cuando fue citado a declarar ante el fiscal federal Carlos Brito. Fue acusado, en su carácter de responsable de la firma Obritec S.R.L,. de haber cobrado $ 10.404.371,63 en la obra, calificada con el número 480 en la investigación judicial. “Sin embargo del Informe Técnico de Gendarmería Nacional surge que el monto de la obra, conforme a los valores corrientes en la fecha de la construcción realizada, fue de $ 2.532.641,41”, según la Justicia. Los 10,4 millones de pesos equivalían entonces a unos 3,59 millones de dólares. Cuando declaró ante el fiscal, Guzmán, que vive en la calle 15 al 500 de Villa Mariano Moreno -una calle de ripio (foto)- negó el hecho que se le imputaba y manifestó desconocer la carpeta que se le ponía en vista. Dijo que había trabajado para la Universidad, “pero no tuvo sobreprecios”. Añadió que “actualmente se encuentra desocupado, porque su empresa quebró hace ocho años aproximadamente”. Es decir que Obritec había quebrado en 2011. Según sus vecinos, es contratista que trabaja con albañiles. El juez lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo prima facie responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y trabó embargo sobre sus bienes por $ 15 millones. Consultado por LA GACETA en su casa, dijo que hablaría con su abogado para resolver si haría declaraciones.